Ajuste tarifario eléctrico: ACERA asegura que solo una fracción mínima ha sido cobrada a consumidores

La Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (ACERA) señala que el 98% del ajuste eléctrico se encuentra diferido para 2028-2034 y aún no afecta a los hogares.

ACERA emitió un comunicado para aclarar los antecedentes técnicos del ajuste tarifario eléctrico actualmente en revisión y corregir interpretaciones públicas sobre su impacto en los consumidores.

El ajuste tiene origen técnico, relacionado con la aplicación de una tasa de interés con inflación incluida, que al aplicar el IPC duplicó parcialmente la corrección de los saldos acumulados por diferencias de facturación. Estos antecedentes están siendo revisados y corregidos por las autoridades competentes.

Del monto total en revisión, estimado en aproximadamente USD 115 millones, solo USD 2 millones (menos del 2%) se ha cobrado efectivamente a los consumidores. El 98% restante no ha sido cobrado, ya que estaba programado legalmente para aplicarse entre 2028 y 2034.

El periodo de congelamiento tarifario entre 2019 y 2024 generó deudas acumuladas por indexaciones no aplicadas. La ley de estabilización de tarifas eléctricas 21.472, publicada el 2 de agosto de 2022, permitió que el Estado emitiera documentos de pago adquiridos por la banca internacional, lo que entregó liquidez inmediata a las generadoras.

En la práctica, la deuda fue financiada y no cobrada, y el sistema eléctrico chileno cuenta con mecanismos técnicos y legales para garantizar que los ajustes futuros sean correctos, justos y transparentes.

“Del total en revisión, solo una fracción mínima -2 millones de dólares- se ha cobrado. El resto no se ha pagado por los clientes y está siendo revisado. Los clientes recibirán los ajustes que correspondan el año 2026”, indicaron desde ACERA.

La asociación enfatiza la importancia de comunicar con precisión y responsabilidad este proceso, evitando alarmar a la ciudadanía con información parcial. Además, subraya que la transición energética representa un desafío para todas las instituciones públicas, por lo que se requiere fortalecer profesionalmente sus capacidades y herramientas de gestión.