81% rechaza regularizar migración irregular, según sondeo del IPP UNAB

El sondeo del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello mostró percepciones ciudadanas sobre migración, convivencia y requisitos para la regularización.

El estudio indagó en las percepciones ciudadanas sobre inmigración, convivencia y reglas migratorias. Según el comunicado, un 64% de los participantes cree que la inmigración aumentará en los próximos años, mientras que un 66% percibe un “gran conflicto” entre chilenos y extranjeros.

Respecto a la política migratoria preferida, el 50% considera que deben ingresar quienes cumplan requisitos legales; el 31% solo quienes puedan aportar al país; y el 14% únicamente turistas por tiempo limitado. Solo un 1% se inclina por permitir el ingreso de todos quienes quieran vivir en Chile, y otro 1% por impedir la entrada de extranjeros.

El 85% manifestó estar en desacuerdo con que una persona extranjera pueda entrar a Chile sin restricciones, mientras que el 80% respalda que quienes desean trabajar no ingresen como turistas. Además, el 86% no cree que se debiera otorgar visa a personas que hayan ingresado por pasos no habilitados, incluso si cuentan con empleo.

En materia laboral, el 77% estima que las personas más pobres son quienes sufren mayores perjuicios frente a la competencia con trabajadores extranjeros. Paralelamente, el 58% está en desacuerdo con que la migración sea necesaria para cubrir trabajos con escasez de fuerza laboral nacional.

El estudio también consultó por los requisitos para regularizar a extranjeros en Chile. Según los participantes, los más relevantes son: poseer antecedentes penales limpios en Chile y en el país de origen (84%), tener contrato de trabajo formal vigente (60%), contar con 5 años de residencia continuada (53,4%) y acreditar el pago de impuestos y cotizaciones (41,5%).

En cuanto al impacto del proceso migratorio, el 54% considera que las empresas son las principales beneficiadas, seguidas por las personas extranjeras (34%) y la economía del país (12%). Además, el 84% señala que los extranjeros reciben más de lo que aportan en servicios públicos como salud y educación.

Sobre participación política, el 38% cree que el derecho a voto para personas extranjeras debería requerir al menos 10 años de residencia continua. El 22% estima que no deberían votar en ningún caso, el 18% prefiere un mínimo de 5 años y el 14% solo exige residencia permanente. Consultados por el tipo de elecciones, el 42% considera que no debieran votar en ninguna, el 41% que sí en todas, y el 13% exclusivamente en comicios municipales y regionales.

En las conclusiones del estudio, la investigadora del IPP UNAB, Sandra Bravo, afirmó que estos resultados “muestran que la ciudadanía está evaluando la migración desde una perspectiva cada vez más exigente. Hay una clara demanda por reglas claras y cumplimiento efectivo de los requisitos de ingreso, y al mismo tiempo una preocupación por cómo se distribuyen los costos y beneficios del proceso migratorio. El desafío es avanzar hacia políticas que fortalezcan la convivencia y reduzcan las tensiones que hoy observa la población”.

El trabajo de campo fue realizado entre el 15 y 26 de octubre, con una muestra de 3.169 personas, mediante un panel online representativo a nivel nacional y con un margen de error de 6,24%.