Extorsiones y presencia de drogas en cárceles chilenas se disparan en la última década

Informe de la Universidad Andrés Bello revela alza de 5.100% en extorsiones y más de 33 mil incautaciones de drogas en recintos penitenciarios entre 2015 y 2024.

El crimen organizado dentro de las cárceles chilenas ha crecido de manera alarmante en los últimos diez años. Así lo revela el informe “Radiografía del control territorial de las cárceles en Chile 2015-2024” del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (OCRIT) de la Universidad Andrés Bello, que muestra un fuerte aumento de delitos como extorsiones, amenazas e incautaciones de drogas al interior de los recintos penitenciarios.

De acuerdo al estudio, las extorsiones crecieron un 5.100% en la última década, pasando de solo dos casos en 2015 a 104 en 2024. En paralelo, las incautaciones de drogas subieron un 1.205%, con más de 33 mil decomisos registrados. También se observa un alza de un 279% en amenazas y de un 41% en agresiones entre internos.

En contraste, otros delitos mostraron una tendencia a la baja: los sobornos cayeron un 49% y los homicidios un 14%, acumulando 464 casos en diez años. El peak de homicidios ocurrió en 2020 con 61 casos, mientras que la cifra más baja se registró en 2022 con 29.

El documento detalla además que el fenómeno no es uniforme en todo el país. La Región Metropolitana concentra la mayor parte de los homicidios (40,1%), amenazas (529 casos) e incautaciones de drogas (7.518). En tanto, regiones como Aysén, Magallanes y La Araucanía registraron los mayores aumentos porcentuales en agresiones y amenazas, pese a partir de cifras bajas.

Según Pablo Urquízar, coordinador del OCRIT UNAB, “las cárceles en Chile dejaron de ser solo espacios de encierro: se han transformado en complejos territorios en disputa donde el narcotráfico, la violencia y la corrupción refuerzan lógicas de poder criminal”.

El informe concluye que las redes delictuales no solo operan al interior de los recintos, sino que mantienen conexiones con el exterior, consolidando una “gobernanza paralela” que desafía la autoridad del Estado. Frente a ello, se plantea la necesidad de fortalecer la inteligencia penitenciaria, la rotación estratégica de personal y el uso de tecnología de detección para recuperar el control.